Postillas de coyuntura - 012/24
Bogotá, julio de 2024
Los sucesos bochornosos que encubre el gobierno nacional se encuentran en la mesa de los colombianos, cada semana, hechos más latentes y de difícil controversia del Gobierno del Cambio, son develados por diversas fuentes.
No es claro para la opinión pública si el alto gobierno está comprometido, o se hacen los ciegos, sordos y mudos. No se toman decisiones que erradiquen esta clase de culpa, que es acompañada con dolo y todas las formas de responsabilidad que no requieren de un juez natural para condenar a los implicados.
El gobierno nacional a pesar de que conoce los hechos no toma las mínimas medidas para establecer una posible responsabilidad política. Que se perdió el dinero, se entregó en manos de congresistas y más funcionarios del estado que resultan salpicados. La negación e incredulidad es la imagen que se difunde al ciudadano.
De otra parte, la fiscalía general de la Nación no es oportuna en asumir las noticias criminales que impulsen las investigaciones legales y en suspender los funcionarios implicados si es del caso, de acuerdo con su competencia o compulsar copias a otras instancias judiciales que deben también asumir su función en forma imparcial de acuerdo con los fueros constitucionales, que se generen.
En el ambiente queda, un manto de duda y mala gestión administrativa donde al parecer los recursos del erario mal manejado no le duele a un gobierno que ha querido implementar más y más impuestos para impulsar los cambios que no se ven y que finalmente los únicos afectados son los ciudadanos que los pagan.
El tema de la corrupción no es ideológico
El gobierno del cambio generó opinión con su bandera de luchar y acabar con la corrupción, pero lo que se está evidenciando es que la corrupción no tiene ideología, si no intereses personales y de fines para lograr constituir poder a partir de prácticas y manejos políticos inescrupulosos alejados de todo principio ético y con propósitos no patrios o nacionales si no de ostentación de un poder para captar y fidelizar electores.
Pasan los meses y una de las propuestas bandera para acceder al gobierno de atacar y debilitar los actos de corrupción que se cometían en gobiernos anteriores, está arrastrándose en el piso, porque la nueva casta dirigente llegó a sacar su tajada como no lo habían hecho antes y las diversas formas de corrupción se convierte en punta de lanza para mantenerse en el gobierno.
Nuevas estrategias planteadas, corriendo hasta más allá, los límites éticos, en el orden del día. La compra de votos, el patrocinio a delincuentes, gestores de paz investidos de fueros y privilegios mezclados con hechos reales de descomposición social hacen que el país no salga de su ignorancia y atraso, que es aprovechado por los políticos “oportunistas e inteligentes” para mal gastar, despilfarrar y acabar con el dinero de los colombianos que suspiran y esperan que algún día exista una justicia que acabe definitivamente con la actitud descarada de muchos que a cada segundo desangran la Nación
Estudios en el campo de la psicología social han demostrado que, al estigmatizar y excluir a los ofensores, del sistema penal, especialmente al no aplicar sanciones penales, no solo no disuade a cometer delitos, sino que también puede promoverlos. Lo que se percibe en el ambiente es que no hay deseo, mucho menos intensión de forjar sanciones ejemplarizantes que corten de raíz con la trasgresión a las normas que los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, sus círculos familiares y sociales cercanos, generan.
La corrupción debe ser identificada, revelada, judicializada y sancionada en lapsos de tiempo relativamente cortos. ¡Pero la realidad es otra! Son un número importante de casos de corrupción que están engavetados o a la espera de ser archivados por la falta de competencia de los investigadores judiciales y decisiones políticas convenientes en favor de los criminales.
Lo que está sucediendo en la vida política del país, donde al parecer la corrupción tiene nido, debe ser objeto de observación, estudio y valoración por el electorado, para evitar favorecer con su voto a criminales que reciben potestad para ocupar cargos públicos y a políticos que no lo merecen por cuánto están destruyendo la Nación sin importar el bien colectivo, pero si enriqueciendo sus bolsillos y ambiciones personales.
No se puede permitir que sean más los delincuentes que están detrás de un escritorio público, que los que portan un arma y amenazan a los ciudadanos en las calles de nuestras ciudades. Toda conducta delictiva debe ser ejemplarmente sancionada si queremos seguridad, tranquilidad y Paz.
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